El escenario del diálogo social en España se encuentra en un punto crítico debido a la decisión del gobierno de ampliar la participación de las organizaciones empresariales en estas conversaciones. A las ya existentes CEOE y Cepyme se sumará Conpymes, un grupo estatal vinculado a la catalana Pimec. Este movimiento generó tensión entre organizaciones empresariales que buscaban consolidarse como verdaderos representantes de los intereses empresariales. Sin embargo, sólo el 23,3% de las empresas están relacionadas con alguna de estas personas.
Recientemente, han aumentado las tensiones entre el gobierno y los representantes empresariales en la mesa de diálogo social, especialmente en torno a la propuesta de reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas semanales. Esta medida fue bloqueada por el PSOE y Sumar, provocando un fuerte rechazo porque no se consultó a los agentes sociales.
El conflicto alcanzó un punto crítico durante la Asamblea General de Cepyme, donde su presidente, Gerardo Cuerva, criticó duramente el “intervencionismo” del gobierno. Cuerva también condenó los intentos de limitar la influencia de los empresarios en las negociaciones, abriendo la puerta a organizaciones emergentes. El gobierno, por su parte, ha defendido la inclusión de Conpymes y Pimec en órganos como el Consejo Económico y Social (CES), aunque aún no precisó cómo implementará esa representación.
El principal problema es la falta de un sistema objetivo para acreditar la representación empresarial en las negociaciones institucionales, algo que sí existe para los sindicatos. Actualmente se aplica una norma del Estatuto de los Trabajadores que exige que las organizaciones representen al menos el 10% de las empresas y los trabajadores a nivel nacional o el 15% a nivel regional para participar en las negociaciones de convenios colectivos sectoriales.
Esta falta de claridad también se refleja en la representación de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Según la encuesta laboral anual del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sólo el 17,8% de las empresas de entre 5 y 9 empleados están vinculadas a una organización empresarial, cifra que se eleva hasta el 26,3% entre las empresas de hasta 49 empleados. Este bajo nivel de compromiso se explica en parte por la alta fragmentación de la estructura empresarial española, donde el 92% de las empresas tiene menos de 50 trabajadores.
La representación también varía ampliamente según el sector y la región. En hostelería y construcción, sólo el 18,7% y el 22,9% de las empresas, respectivamente, están asociadas a alguna organización. Por el contrario, en logística e industria las cifras son el 31,9% y el 29,7%. Territorialmente, La Rioja tiene el mayor porcentaje de empresas filiales (38,7%), seguida del País Vasco (33,7%) y Aragón (33,2%), mientras que Andalucía y Madrid tienen el menor porcentaje, respectivamente con el 15,1% y el 18,2%. .
A pesar de estos desafíos, el 76% de los propietarios de empresas conectadas creen que su organización representa sus intereses, aunque este porcentaje varía según el tamaño de la empresa. En las pequeñas empresas esta percepción es del 73,2%, mientras que en las grandes llega al 87%.
En este contexto, la “guerra” entre organizaciones empresariales se centra en la representatividad de las pymes. Conpymes, respaldada por la catalana Pimec, criticó el papel de Cepyme como “satélite” de CEOE. Esta rivalidad refleja diferencias en cómo las empresas grandes y pequeñas perciben su influencia y representación en las negociaciones gubernamentales.
La polémica también tiene un componente político, ya que Cepyme y Foment del Treball acusan al Gobierno de utilizar la ampliación de representación como una concesión a partidos independentistas como Junts y ERC.
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