La creciente cantidad de regulaciones impuestas por el gobierno pone a las empresas en una situación crítica. Los empresarios han alzado su voz exigiendo el fin de las medidas en curso que complican las operaciones comerciales y aumentan los costos agravados por la inflación, lo que constituye un enorme desafío para las pequeñas y medianas empresas del país.
En la Asamblea General de Cepyme se presentó el “Manifiesto de las pymes españolas por la libertad emprendedora”, que en ocho puntos critica las principales intervenciones del Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz. Este manifiesto condena la imposición de normas laborales sin medidas compensatorias, que afecta negativamente a las empresas.
El trabajo, presentado en la reunión anual Cepyme 2024 en Madrid, aborda temas como: dignidad empresarial frente a la estigmatización gubernamental, sobrerregulación, respeto a la negociación colectiva, protección de la flexibilidad interna de las empresas, aumento del salario mínimo en más de 60% desde 2018., el aumento de impuestos y tasas, la adecuada gestión del tiempo y de los recursos laborales y el respeto al diálogo social.
Cepyme advierte de que la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales tendrá un impacto especialmente negativo en las pequeñas empresas, cuyos costes laborales podrían aumentar significativamente, comprometiendo su viabilidad.
La indignación de los empresarios reflejada en el manifiesto subraya su descontento por los numerosos cambios regulatorios que a veces van en contra de acuerdos anteriores. Muchas de estas medidas, como la reforma laboral, fueron aprobadas con el apoyo de los sindicatos y el gobierno, pero resultaron perjudiciales para el sector empresarial.
El manifiesto cuenta con el apoyo de diversas organizaciones que integran Cepyme, entre ellas 56 asociaciones territoriales, 3.000 organizaciones de masas y 85 organizaciones sectoriales. Estas organizaciones enfatizan la importancia de preservar la cohesión territorial, especialmente en las zonas rurales que dependen de la actividad económica local.
Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, criticó duramente al gobierno durante la Asamblea, acusándolo de intentar consolidar sus políticas “atacando” el diálogo social utilizando interlocutores sumisos. Cuerva denunció que estas condiciones dificultaban enormemente las negociaciones y acusó al Gobierno de adoptar posiciones comunistas que obstaculizaban la libertad empresarial y el progreso en España.
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