Si la administración Biden logra su objetivo, más fábricas en Texas y Arizona producirán chips electrónicos. Estos chips luego se enviarán a países aliados como Costa Rica, Vietnam o Kenia para su ensamblaje final antes de distribuirse globalmente para su uso en productos como refrigeradores y supercomputadoras.
Aunque estos países no suelen estar asociados con la fabricación de semiconductores, la administración está trabajando arduamente para reformar la cadena mundial de suministro de chips. El plan incluye persuadir a empresas extranjeras para que inviertan en la producción de chips en Estados Unidos y encontrar otros países para completar la producción. Este enfoque se ha denominado «diplomacia en chips».
La administración Biden ha argumentado que fabricar más chips en Estados Unidos mejorará la prosperidad y la seguridad nacional. En una entrevista reciente, el presidente Biden destacó cómo convenció a Corea del Sur para que invirtiera miles de millones en la fabricación de chips en Estados Unidos.
La estrategia también incluye trabajar con socios internacionales para garantizar que la inversión en Estados Unidos sea sostenible. El esfuerzo busca abordar las preocupaciones de seguridad acerca de que China aumente la producción de chips y amenace a Taiwán, un centro clave de tecnología de chips. También apunta a reducir el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro evidentes durante la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania.
Ramin Tolui, exfuncionario del Departamento de Estado, explicó que el objetivo es diversificar y fortalecer las cadenas de suministro globales. La administración también pretende aplicar esta estrategia a tecnologías de energía verde como baterías para vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas, sectores dominados por China.
En los tres años de la administración Biden, Estados Unidos ha atraído 395 mil millones de dólares en inversiones en fabricación de semiconductores y 405 mil millones de dólares en tecnología verde y energía limpia. Empresas de países como Japón, Corea del Sur y Taiwán están invirtiendo en estos sectores en Estados Unidos. Por ejemplo, SK Hynix de Corea del Sur está construyendo una fábrica de 3.800 millones de dólares en Indiana.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó estos proyectos en una conferencia reciente, destacando cómo la legislación de Biden busca modernizar la infraestructura de Estados Unidos para atraer más inversión extranjera.
El Departamento de Comercio ha sido clave en este esfuerzo, proporcionando 50 mil millones de dólares para la investigación y fabricación de chips. Gina Raimondo, Secretaria de Comercio, ha trabajado con gobiernos extranjeros para identificar oportunidades de inversión y discutió la diversificación de la cadena de suministro en países como Costa Rica, Panamá y Tailandia.
Reestructurar las cadenas de suministro globales para que sean menos dependientes del este de Asia será un desafío, dada la tecnología avanzada y los menores costos de estas fábricas. Taiwán produce más del 60% de los chips del mundo, incluidos los más avanzados.
A pesar de estos desafíos, se espera que la nueva inversión aumente la participación estadounidense en la producción mundial de chips al 14 por ciento para 2032. Algunos funcionarios han adoptado una diplomacia más contundente para limitar el acceso de China a la tecnología avanzada.
Tolui y su equipo identifican países y empresas dispuestas a invertir en la industria estadounidense y establecer fábricas. La Ley CHIPS incluye 500 millones de dólares anuales para crear cadenas de suministro seguras y proteger la tecnología de semiconductores, y en el programa participan países como Costa Rica, Indonesia, México, Panamá, Filipinas y Vietnam.
La formación profesional es una prioridad con posible colaboración entre universidades estadounidenses y extranjeras para desarrollar programas de formación. Esta red de alianzas estratégicas proporciona una ventaja sobre China al diversificar la producción global de tecnologías avanzadas.
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